Movilizarse ante la Corte. Trayectoria y efectos de tres episodios de movilización legal constitucional de feministas, indígenas y víctimas de crímenes de Estado en Colombia

Cuando se transita por el centro de Bogotá, es usual encontrarse junto a las oficinas del Palacio de Justicia grupos de personas que sostienen pancartas, entonan arengas y tocan instrumentos mientras algunas otras entran a radicar una demanda ante la Corte Constitucional. También es frecuente encontrar en las carteleras de las ONG fotografías tomadas en la Plaza de Bolívar que retratan a abogados y ciudadanos que, orgullosos, sostienen un documento con el sello de "Recibido". Este documento, que es una demanda radicada, sintetiza el trabajo de muchos días y noches, de discusiones, encuentros y desencuentros entre las organizaciones sociales que participaron en la escritura de una demanda. En efecto, a partir de la Constitución Política de 1991, la movilización social en Colombia se lleva a cabo no solo por medio de protestas y labores de cabildeo, sino también —y cada vez más— mediante la presentación de demandas ante la Corte Constitucional (Uprimny y García Villegas, 2004; Lemaitre, 2009). Pero, ¿qué es lo que han ganado los movimientos sociales al movilizarse ante la Corte Constitucional? Ni para los estudiosos de estos fenómenos ni para los activistas ha sido fácil dar una respuesta. Los clamores de quienes exaltan la capacidad de cambio social por medio de decisiones judiciales contrastan con la de quienes, viendo los procesos judiciales —en el papel y en la práctica—, alegan que ninguno de los movimientos que ha acudido a las cortes ha conquistado plenamente los objetivos materiales y simbólicos que estaban a la base de sus demandas.